Catedrático de Derecho del Trabajo e investigador del Instituto de Estudios de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. El presente artículo ha sido preparado en el marco del Proyecto de Investigación “Impacto laboral de las redes de empresas”, financiado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad de España (DER 2015-67099-P MINECO-/FEDER). Su redacción no hubiese sido posible sin la colaboración de queridos colegas que me hicieron llegar muy valiosos materiales relacionados con sus ordenamientos nacionales, a todos los cuales deseo expresar mi gratitud. En particular a Lucas Caparrós y Agustín Carugo (Argentina), Milena Pinheiro Martins (Brasil), Karla Varas y Carmen Domínguez (Chile), Víctor Julio Díaz (Colombia), Juan Raso y Federico Rosenbaum (Uruguay), y César Augusto Carballo (Venezuela). A los que he de sumar mi reconocimiento inmenso a Oscar Ermida, siempre en el recuerdo, y Alfredo Villavicencio, por su inestimable ayuda para la preparación las primeras versiones del texto.