La historia de la participación política femenina es un viaje entre exclusiones normativas y conquistas logradas a costa de movilizaciones, negociaciones y compromisos internacionales. Es también un tejido de voces que reclaman su lugar, y las mujeres han debido hilar con paciencia y resistencia para abrirse paso en espacios de poder. Desde Cleopatra y Wu Zetian, hasta Isabel la Católica, las figuras femeninas que irrumpieron en el poder demostraron que el liderazgo podía abrirse paso incluso en contextos adversos.
En el Perú, recién en 1955 se reconoció el derecho al voto femenino, fruto de luchas como las de Magda Portal y de la militancia femenina en el Partido Aprista, las cuales fueron decisivas para que la demanda por el voto femenino se convirtiera en causa nacional. La Constitución de 1993 consolidó la igualdad formal, y leyes como la de cuotas (1997) y la de paridad y alternancia (2020) abrieron puertas hacia la inclusión (Jaramillo y Valenzuela, 2019). Sin embargo, detrás de esas puertas muchas veces solo hay pasillos estrechos: hoy las mujeres ocupan el 37.7 % del Congreso, pero apenas el 5 % de alcaldías provinciales y distritales son lideradas por mujeres, muchas relegadas a cargos administrativos más que a espacios de decisión política (Defensoría del Pueblo, 2019; JNE, Observa Igualdad, 2025). Además, enfrentan acoso político pese a la Ley 31115 (Defensoría del Pueblo, 2019; JNE, 2025) y la inversión pública destinada a fortalecer liderazgos femeninos sigue siendo limitada y poco transparente, relegando la creación de escuelas de liderazgo y programas de mentoría (ONPE, 2024).
El panorama comparado muestra luces y sombras, por ejemplo, América Latina ha sido pionera en cuotas y paridad con Argentina y México como referentes, pero aún con baja presencia en gobiernos locales (ONU Mujeres y CEPAL, 2023). Cuando el financiamiento público se condiciona explícitamente a la formación política de mujeres, los resultados son más visibles: en México, el Instituto Nacional Electoral (INE) obliga a los partidos a destinar parte de sus recursos a la capacitación política de mujeres y jóvenes; en Panamá, el FONAMUPP lanzó el programa Construyendo liderazgo con propósito; y en Bolivia y Argentina, partidos de izquierda han invertido en escuelas de formación política femenina. Según ONU Mujeres y CEPAL (2023), en la región las mujeres ocupan entre el 25 % y el 27 % de cargos en gobiernos locales, pero solo el 15 % de alcaldías son encabezadas por ellas; es un avance positivo que además incluye elecciones de mujeres como presidentas y/o primeras ministras.
En Norteamérica, Canadá marcó un hito con gabinetes en 2015, al constituir el primer gabinete estrictamente paritario en su historia (50% hombres y 50% mujeres), mientras que, en Estados Unidos, la representación femenina en el Congreso ha crecido hasta superar el 25 %, aunque lejos de la paridad (World Bank Blogs, 2016; IPU, 2023). En Europa, Francia reformó su Constitución de 1999 para garantizar la igualdad en el acceso a cargos electivos, y España aprobó en 2007 la Ley Orgánica de Igualdad, que exige listas equilibradas y promueve la presencia femenina en cargos públicos. Los países nórdicos, aunque no siempre por vía constitucional, consolidaron gabinetes paritarios y parlamentos cercanos a la igualdad gracias a acuerdos voluntarios y sistemas proporcionales. En África, Ruanda constituye el caso emblemático con la Constitución de 2003 que estableció cuotas obligatorias y hoy las mujeres ocupan más del 60 % del Parlamento, el nivel más alto del mundo (Ávila Toro, 2018; Dutta, 2023; IPU, 2023).
En el Perú, la democracia aún guarda silencios que pesan: leyes que abren puertas sin acceso real al poder, candidaturas formales, pero no sustantivas, baja presencia en gobiernos locales, acoso político que silencia voces y estereotipos que asocian el liderazgo con lo masculino. Todavía hay muchas lideresas que enfrentan hostigamiento, burlas y amenazas que las empujan a abandonar la vida pública, reflejo de estructuras patriarcales y partidos tradicionales resistentes. Cambiar esa mentalidad exige educación con enfoque de género y campañas que legitimen el liderazgo femenino como natural y necesario en la arquitectura de la justicia
El verso poderoso de Vallejo se convierte en un deber político: “Hay, hermanos, muchísimo que hacer”.
Sobre la autora | Melissa FiorellaDíaz Cabrera
Profesora asociada del Departamento Académico de Derecho de la Facultad de Derecho y CCPP. de la Universidad Nacional de Trujillo, Doctora en Derecho Constitucional. Especialista en Justicia y tutela de los derechos fundamentales por la Universidad de Pisa- Italia. Especialista en Política Públicas por la PUCP. Actualmente doctorando en el Programa del Doctorado en interpretación de los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos por la Universidad Castilla de La Mancha – España. Ha ejercido cargos en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Socio – fundador de la Sociedad Peruana Constitucional

